-Esta nueva flexibilización facilitará que temporeros, personas sin hogar, que residan temporalmente con familiares o en albergues puedan acceder a la prestación.

–La flexibilización del concepto de unidad de convivencia pasa, en primer lugar, por permitir el acceso a la prestación a personas que residen en hogares colectivos, como albergues o casas de acogida.

–En segundo lugar, se regulan las situaciones de convivencia transitoria, es decir, casos en que «por ejemplo como resultado de un divorcio o un desahucio» los potenciales beneficiarios/as convivan con familiares en un hogar mayor, lo que con la anterior regulación podría llevar a la denegación de la prestación.

–De esta manera, de forma transitoria se considera una unidad de convivencia independiente a los beneficiarios en casos de violencia de género, divorcio o separación y desahucio o inhabitabilidad, en los dos últimos casos con límite temporal.

–La tercera modificación afecta a situaciones excepcionales, como personas sin hogar, cuyo domicilio real sea distinto al de empadronamiento o viviendas en las que conviven distintas unidades familiares.

–En estos casos estas circunstancias podrán ser acreditadas por los servicios sociales y las entidades colaboradoras.

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-Salamanca es la tercera provincia de la comunidad donde más solicitudes se han cursado, 1970 en total y de momento, de las cuales 494 familias empiezan a cobrar desde el mes de junio 2020.

 -En concreto, el numero de solicitudes de Castilla  y León al mes de junio queda de la siguiente forma:

1-Valladolid ha cursado 2.340 solicitudes a mes de junio 2020

-Le sigue León con 2.262

-Salamanca, con 1.970

-Burgos, con 1.331.

-Avila 969 solicitudes

-Zamora 842 solicitudes

-Segovia ha cursado 689 solicitudes

-Palencia con 571 solicitudes

-Soria, ha sido la última donde se han registrado 247 peticiones.

-Recordando que el ingreso mínimo vital completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta ese umbral garantizado y diferente para cada tipo de hogar.

-En el caso de los hogares unipersonales, ese tope son los 5.538 euros al año,unos 460 euros mensuales, el equivalente a una pensión no contributiva distribuida en doce pagas.

-Y sin olvidar que para cualquier consulta hay que llamar al teléfono gratuito 900 20 22 22, que funciona de 8.30 a 20.30 horas.

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–Para acreditar la identidad: DNI, libro de familia, o certificado de nacimiento.

–Para acreditar la residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión Europea o autorización de residencia.

–Para acreditar el domicilio en España: certificado de empadronamiento.

–Para acreditar la existencia de la unidad de convivencia: certificado de empadronamiento o libro de familia, certificado del registro civil, o inscripción en el registro de parejas de hecho.

–Recordando que NO será necesario que los solicitantes acrediten los ingresos o el patrimonio del que disponen.

–Esta comprobación la hará de forma automática el Instituto Nacional de la Seguridad Social con la información de Hacienda (no es necesario haber hecho la Declaración del IRPF).

-Para cualquier duda se puede llamar al teléfono gratuito 900-20-22-22.

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-Según su naturaleza existen tres tipos de sanciones: leves, graves y muy graves

–LEVES

-Una infracción leve será, por ejemplo, no presentar la documentación precisa. En este caso, la sanción prevista será de un simple apercibimiento.

–GRAVES

–Entre las infracciones graves se sitúa rechazar una oferta de trabajo o un itinerario de inclusión; o no comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan.

-También para este tipo de infracciones está prevista la posible pérdida de la prestación por un periodo de tres meses y, si es el caso la devolución de cantidades indebidamente cobradas, así como una multa equivalente a tres mensualidades.

–MUY GRAVES

–Para las infracciones muy graves (por reiteración o cuantía), la pérdida de prestación y/o la sanción se eleva a seis meses, o pérdida total de la prestación.

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